Las provincias rechazaron, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, el decreto de importación de residuos de la Nación.

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Los secretarios de ambiente de las provincias rechazaron, casi por unanimidad, durante la asamblea del pasado lunes del Consejo Federal de Medio Ambiente (Co.Fe.Ma), el decreto Nº 591/19 que modifica los requisitos para el ingreso de residuos peligrosos al país que firmó a fines de agosto el presidente Mauricio Macri.

Sobre este tema y como representante de Tierra del Fuego, el secretario de ambiente Pérez Toscani dijo: “Las autoridades ambientales manifestamos que, al ser la importación de residuos al país un tema tan delicado, no se ha dado un previo proceso de estudio y discusión en un ámbito nacional donde están representadas todas los provincias, como lo es el Co.Fe.Ma, a pesar de tener, este organismo, comisiones específicas para ello, como la Comisión de Residuos Peligrosos y la Comisión de Asesoramiento Legislativo”.

Los motivos son claros para este rechazo, por eso el Co.Fe.Ma manifestó en una resolución, que es necesario regular el ingreso al país de las sustancias peligrosas y esa regulación requiere un proceso previo de análisis y estudio de la situación general de la valorización de residuos a nivel nacional, en el marco de una gestión integral de los mismos, considerando, no solo los riesgos sanitarios para la población y los ambientales para cada tipo de residuo, sino también las necesidades socioambientales y la capacidad de control de las provincias donde serán destinados. Se dejó claro también el peligro que significa permitir el ingreso de residuos de otros países, ya que no existe forma de controlar que ingresaría.

Sin considerar a las provincias para un análisis en conjunto del tema, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, solo ha convocado a los secretarios ambientales provinciales para el tratamiento de la reglamentación del Decreto 591/19, limitando la discusión únicamente al debate de técnicas y procedimientos. De esta manera, no es posible trabajar en la regulación de una política federal de residuos, condicionando la Nación la posibilidad de lograr tener un federalismo ambiental con la construcción de políticas ambientales consensuadas entre todas las provincias, expresa la resolución.